10 años después el Constitucional avala la propuesta de UPTA de establecer tasas a las grandes superficies comerciales

El Tribunal permite cobrar una tasa al gran comercio para destinarlo a la modernización del comercio urbano en Cataluña

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado en 2001 por el Gobierno de Aznar y avala el impuesto a las grandes superficies que aprobó la Generalitat de Catalunya y cuyos ingresos irían destinados a la modernización del comercio urbano y familiar regentado en su gran mayoría por trabajadores autónomos, según declaraciones del portavoz del Ejecutivo Catalán, Francesc Homs.

Con esta sentencia el TC también avala las tesis de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, ya que desde hace más de 10 años se viene pidiendo desde la Organización la aprobación de un impuesto a las grandes superficies que redunde en beneficio del comercio minorista tradicional.

·»Siempre hemos defendido que la proliferación de grandes superficies, por su modelo deslocalizador y su sistema de contratación, afectaba los rendimientos y la estructura del modelo de comercio mediterráneo, implantado en España desde hace muchos años y que tan buenos resultados estaba dando. El ejemplo es que desde la aprobación de la Ley Ómnibus en España, por la que se ha permitido la instalación de grandes superficies sin la necesidad de emitir informes socio económicos preceptivos, más de 11.000 empresas comerciales minoristas y más de 35.000 trabajadores autónomos del comercio han desaparecido en nuestro país·-, comenta César García, secretario de política sectorial de UPTA España.

La petición del impuesto, que UPTA viene solicitando desde hace diez años, tiene como objetivo preservar un modelo de comercio que, a pesar de la bajada en ventas y de la competencia de las grandes superficies, sigue manteniendo empleo, a diferencia de los otros formatos, tal y como lo demuestra mensualmente el informe de ocupación en el comercio del Instituto Nacional de Estadística.

Además, ·»esta sentencia permitiría modificar la Ley Ómnibus o de liberalización de servicios, así como su aplicación en la LORCOMIN, Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y sobre todo, las adaptaciones de las mencionadas leyes en las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en esta materia·-, comenta García.

El Gobierno Catalán tenía previsto ingresar por este concepto 14,42 millones de euros al año, ·»una cantidad nada desdeñable para poder invertir en formación, modernización, adaptación de las TIC, programas de relevo generacional e incluso microcréditos para circulante o para inversión, que es para lo que la tasa estaba prevista·- concluye César García.