El autónomo y la Banca.

Artículo de opinión por Álvaro Bajén, secretario general de UPTA Aragón y abogado

Manolo, autónomo de construcción, tiene un problema que le impide dormir. Tras la llamada de su amigo, el director del Banco, no logra quitarse esa sensación de ahogo que tienen los condenados.

No se le ocurre otra cosa, antes de darse de baja y convertirse en carne de cañón de otro concurso, que dirigirse a otros bancos para salvar su situación: un amigo le habla del ICO Liquidez y otro tipo de operaciones.

El director del banco le recibe, le pide a Manolo el IVA del último año y los IRPF del impuesto de la renta, si ha rellenado el 347 mejor pues así sabrá si Manolo tiene clientes buenos o no. No obstante, el director desconfía pues Manolo está en módulos y por tanto la referencia fiscal es insuficiente. El director desconfía más y mira el historial del autónomo en le entidad. Al ver que no hay historial el administrador bancario sospecha de Manolo y decide preguntarle qué actividad profesional desarrolla: le dice que es alicatador, que lleva 24 años en su oficio. Sin pensárselo más el director cierra el expediente y le comunica que no es posible concederle préstamo alguno.

Manolo sin entender por qué después de una trayectoria profesional tan dilatada le cortan el grifo de la financiación se ofusca más y lo ve todo negro.

UPTA entiende que situaciones como la aquí descrita se están produciendo en todo nuestro país, realmente no existe un problema de liquidez sino de solvencia, es por ello que hay que avalar y garantizar las operaciones de miles de autónomos que desarrollan su actividad desde hace años y el sistema los expulsa del mercado.

El Gobierno conjuntamente con las Comunidades Autónomas debe de avalar a estos autónomos para garantizarles su financiación y así poder seguir trabajando. El Gobierno Vasco avala el 90% de las operaciones de los pequeños empresarios y la Comunidad Autónoma de Andalucía implementa en un 25% hasta llegar al 75% los préstamos de ICO liquidez

UPTA propone al Estado y las Comunidades Autónomas un préstamo dirigido a los autónomos en módulos o en régimen simplificado de renta que con el nombre de microfinanciación para autónomos, por el que quede garantizado el 100% por el Estado, y hasta la cuantía de 25.000 euros, que bien podría ser gestionada por la SGR.