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El comercio autónomo considera imprescindible mantener la autorización de las CCAA para la apertura de grandes superficies comerciales
UPTA coincide con la posición del Consejo Económico y Social frente a las tesis de la Comisión de la Competencia y la Asociación de Grandes Superficies
La Confederación de Comercio Autónomo de España (CECA) integrada en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, ha valorado muy positivamente la posición adoptada por el Consejo Económico y Social con respecto al anteproyecto de ley por el que se modifica la ley 7/1996 de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista y otras normas complementarias.
El Dictamen del CES coincide con la posición del Gobierno para mantener la autorización de las CCAA en la apertura de nuevas grandes superficies comerciales, considerando igualmente que debería establecerse esta obligación también en todos los supuestos contemplados por la Directiva Europea. Esta tesis se contrapone con la manifestada por la Comisión de la Competencia que sigue la línea mantenida por la Asociación de Grandes Superficies de Distribución (ANGED), y que exige la eliminación de cualquier tipo de autorización previa.
UPTA considera que la eliminación de autorizaciones y la denominada ·»libertad de horarios de aperturas·-, tan sólo conduce a la progresiva monopolización de la distribución comercial minorista, que finalmente perjudicará la libertad de competencia y un claro perjuicio para los consumidores, así cómo para los trabajadores que sufrirán el cierre de miles de pequeños comercios que mantienen el empleo, no sólo del comercio, sino de gran parte del sector de servicios.
Las organizaciones de comerciantes autónomos consideran que, si bien las consecuencias socioeconómicas no pueden ser motivo de denegación de autorizaciones en sentido estricto, sin embargo las CCAA deben realizar los estudios imprescindibles sobre las consecuencias de estas aperturas comerciales en el ámbito socio económico, con el fin de proceder a adoptar las medidas necesarias para suavizar su impacto en el empleo y la actividad económica.
Tanto Ángeles Pelegay, presidenta de la Confederación de Comercio Autónomo, como Sebastián Reyna, Secretario General de UPTA han declarado que en caso de imponerse las tesis de la Comisión de la Competencia y de ANGED, ésta será una mala noticia para la economía española y representará un claro retroceso en el efecto que deben tener las medidas anticrisis puestas en marcha por el Gobierno.
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