Gobiernos eficientes para favorecer al autónomo

Conseguir una mayor eficiencia de las Administraciones y el reforzamiento del papel del Estado (y de la Unión Europea) como regulador del mercado, como posibles soluciones

Los distintos Gobiernos europeos están adoptando en los últimos días y semanas medidas para hacer frente a la crisis de confianza que los mercados de adquisición de deuda pública han mostrado hacia los países con unas cuentas públicas y con unos sistemas financieros menos saneados.

Sin embargo, la solución a la situación actual no es la reacción ·»cortoplacista·- que están adoptando los distintos Gobiernos y las instituciones de la Unión Europea, con un recorte de los gastos sociales y las inversiones en infraestructuras y una subida de impuestos que, a corto plazo ·»calman·- a los mercados, pero éstos, con su voracidad, enseguida ·»engullen·- los miles de millones que los Estados ahorran de este modo, y vuelven de nuevo con sus exigencias.

Esta crisis actual es muy diferente de las anteriores (no existían las llamadas ·»economías emergentes·- y los mercados eran nacionales) y, por ello, las soluciones a ella deben ser también distintas y es precisa una auténtica ·»reinvención de los Gobiernos·- y un cambio radical y profundo en las formas de gestión pública en este siglo XXI.

Estos cambios radicales que deben realizarse tienen que tener a mi juicio al autónomo y a las PYMES como principales destinatarios de las medidas económicas y de reforma administrativa que se adopten, para simplificar los trámites burocráticos y permitir con mucha más facilidad la entrada en el mercado de nuevos pequeños y medianos negocios y ayudar a los existentes a sobrevivir e incluso a mejorar en tiempos de crisis.

Para conseguir este objetivo, es preciso en mi opinión adoptar dos medidas

La primera, conseguir una mayor eficiencia de las Administraciones, con una reducción y simplificación radical de los trámites burocráticos actuales (que causan a los ciudadanos y a las empresas una pérdida en tiempo y en otros costes de muchas decenas de miles de euros al año) y con una mayor coordinación administrativa y una reducción drástica de los órganos administrativos, muchas veces duplicados y triplicados (con una supresión o reducción a un mínimo papel o reconfiguración, de las Diputaciones Provinciales, de las Comarcas y una reducción en España del número de municipios de 8.000 actuales a 1.000 ó 2.000 ·