La mejora en la prestación por cese de actividad es todavía insuficiente

El 40% de las solicitudes no desistidas son aprobadas en primera instancia

El cambio normativo en la prestación por cese de actividad ha traído consigo una mejora en la misma de tal modo que se ha incrementado el número de personas que acceden, no obstante este número de cotizantes que pueden optar es todavía exiguo.

De las 72 solicitudes presentadas, casi el 10% fueron desistidas y de las que siguieron con el trámite casi el 50% fueron denegadas en primera instancia, siendo este un porcentaje muy elevado. El principal motivo para denegar la prestación, tal y como muestran las estadísticas de la Seguridad Social, es el no encontrarse al corriente de pagos con un 81% de casos.

Si hacemos una abstracción y vemos el motivo de aprobación de las solicitudes, en el 95% es por causas económicas, técnicas u organizativas, podemos llegar a deducir que la inmensa mayoría de los autónomos que solicitan la prestación es porque el negocio lleva tiempo perdiendo dinero, probablemente más de dos años. Al darse la circunstancia de que no hay una diferenciación de los bienes personales de los de la actividad supone a su vez que el autónomo habrá puesto de sus recursos para hacer frente entre otros pagos al de la seguridad social. Llegado el momento límite habrá solicitado la prestación como una última oportunidad de tener unos ingresos, pero es probable que no esté al corriente de pagos por falta de recursos y por tanto le denieguen.

La reciente modificación en la regulación permitía la regularización de cuotas para llegados a estos casos poder optar a la prestación, pero dado el alto porcentaje de fallidos por este motivo, quizás haga pensar que habría que revisar nuevamente el mecanismo.

Esta revisión debería de ser más amplia y profunda puesto que parece cuando menos sorprendente, quizá fruto de la casualidad o la proporcionalidad, que al desagregar los datos por ente gestor, el 100% de los desistimientos se produzcan en los expedientes de la mutuas.

De igual modo el porcentaje de resolución favorable en primera instancia por parte de las mutuas es del 32% frente al 80% de los expedientes gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Por otra parte los presupuestos generales del estado para el 2016 prevén 154 millones de euros de ingreso durante 2016 con cargo a la prestación por cese, un 4 % menos que en 2015 y sin embargo, el gasto por esta cobertura será sólo de 9 millones, es decir se produciría un superávit en la gestión de la prestación de 145 millones de euros.

Para la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) esta previsión es ·»sorprendente y sobre todo contradictoria·- con los objetivos establecidos por la Ley que modifica el Régimen Jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que establece un nuevo sistema de acceso a la prestación con el objetivo de flexibilizarlo y facilitarlo.

Para UPTA parece que el Gobierno no confía en que la nueva articulación permita mejorar esta gestión, ·»puesto que prevé aprobar menos solicitudes, incluso prevé que haya menos cotizantes·-, asegura el secretario general de la Organización, Sebastián Reyna.

Desde UPTA Aragón solicitamos que haya una apuesta decidida porque esta sea una prestación útil al colectivo y para la cual no haya trabas innecesarias a la hora de solicitarlas. De igual modo sería conveniente las mutuas de accidente de trabajo y enfermedad profesional revisaran los criterios de valoración de los expedientes para equipararlos con los de la Administración Pública.

Informe Cese de Actividad