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Los autónomos deberán renunciar a los intereses para poder acceder al pago de sus facturas

UPTA considera excesivas algunas de las exigencias incluidas en el Real Decreto Ley para cobrar las deudas pendientes

El Gobierno aprobó el pasado Viernes el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se aprueba el procedimiento para establecer mecanismos de financiación para el pago de proveedores de administraciones locales.

Sin conocer todavía el mecanismo definitivo, sin embargo ya el Real Decreto establece descuentos prácticamente obligatorios en las facturas para poder acceder al cobro de las mismas a través de los bancos y exige que el proveedor renuncie al cobro de los intereses generados por la deuda.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), aunque considera que cualquier solución es positiva en esta situación, sin embargo entiende que estas condiciones se convierten en la práctica en un ·»trágala·- que deben aceptar los proveedores, esperando que la posibilidad prevista en el Real Decreto de que se establezcan soluciones específicas para autónomos y pequeñas empresas, ofrezcan alguna mejora en estas condiciones para estos colectivos.

UPTA propondrá que las deudas menores de 10.000 euros contraídas hace más de tres meses tengan prioridad en el pago y no soporten quita ni del principal ni de los intereses generados Sebastián Reyna, Secretario General de UPTA, ha declarado que, ·»en la práctica se trata de un Concurso General de Acreedores de carácter colectivo de las administraciones locales·-, en la que hay una espera para cobrar, hasta ahora indeterminada, pero también una quita sustancial, ya que se debe renunciar a parte del principal y a todos los intereses generados por el retraso en el pago·-

En todo caso, UPTA queda a la espera de conocer el procedimiento definitivo que se establezca, esperando que al menos las nuevas obligaciones financieras que nazcan de la operación sean asumidas por las administraciones deudoras y no por los proveedores.

tEXTO del Real Decreto Ley:

Mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales

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