La odisea de las licitaciones públicas para los autónomos

Cada día se licitan en España 1.500 concursos públicos.

En los primeros tres meses de 2023 las administraciones españolas ejecutaron 37.570 concursos públicos, un 14% más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que el coste de estas obras y servicios licitadas se ha disparado un 99,5%, hasta los 36.734 millones de euros. Las licitaciones destinadas a TIC representaron un 10% del total.

El concurso más cuantioso publicado en el primer trimestre del año ha sido en Aragón al efectuarse la concesión de obras en diez itinerarios previstos dentro del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020 -2025, con un importe de 2.192 millones de euros. Le siguen un concurso de suministro de equipos de comunicaciones con 1.302 millones de euros y en tercera posición, la licitación del suministro de material de laboratorio por 1.000 millones de euros.

Tan solo el 4% de las licitaciones públicas son adjudicadas a autónomos con menos de 5 trabajadores, frente al 60% que recaen en grandes empresas sin operarios en sus plantillas y que proceden a subcontratar a trabajadores autónomos para realizar el objeto de dichos contratos.

Las ofertas temerarias son uno de los principales factores de precariedad en la cadena de subcontratación, estrangulando a miles de autónomos y precarizando el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena.

UPTA plantea en sus propuestas electorales una modificación en profundidad de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que fundamentalmente deben primar las condiciones técnicas y profesionales sobre las únicamente económicas, ya que es ineludible reducir las exigencias financieras y de solvencia económica y resulta del todo imprescindible valorar las carreras profesionales.

En la cadena de subcontratación el autónomo es el eslabón más débil, por ello tiene que ser protegido desde el punto de vista de las retribuciones que percibe, por los servicios que presta y para que su actividad económica sea rentable.

De un contrato publico adjudicado a una gran empresa o una empresa de mediano tamaño, solo se producen subcontrataciones, que casi siempre suelen realizarse con autónomos con un reducido número de asalariados. Las retribuciones económicas que se abonan a los autónomos subcontratados suelen ser pírricas, con menos del 30% del valor total de la propia licitación, con presupuestos muy por debajo del valor real de mercado.

Además, la reforma estructural de la Ley de Contratos del Sector Público debe blindar, de forma efectiva, el cumplimiento de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ya que el 70% de las empresas que subcontratan a pequeños proveedores de servicios o bienes, duplican los periodos de pagos referenciados en dicha Ley.

Uno de los grandes problemas de la dimensión de los pequeños negocios radica precisamente en la incapacidad de poder crecer desarrollando directamente trabajos para las administraciones que ofertan a licitación pública todo tipo de productos o servicios, en los que casi siempre ganan los mismos, los grandes, los que precarizan y explotan a trabajadores por cuenta propia y ajena.

En el primer trimestre de 2023, las comunidades autónomas con un mayor volumen de licitaciones son Cataluña y Andalucía. La primera ha registrado un total de 6.560 licitaciones, lo que representa un aumento del 9% con respecto al año anterior, mientras que Andalucía ha registrado un total de 6.550 licitaciones, lo que representa un aumento del 20%.

Desde UPTA, reclamamos a los partidos políticos que recojan en sus programas electorales medidas para paliar la situación en la que se encuentra el tejido productivo. Esta es la política que necesitamos para que la economía se expanda y beneficie a todas las dimensiones empresariales, sea cual sea su tamaño y por supuesto, teniendo en cuenta a los trabajadores autónomos.